Políticas públicas contra la mayoría

En 2012 han cambiado algunos factores del modelo de acumulación financiera al que llamamos “crisis del euro”. El modelo de extorsión de los recursos públicos mediante rescates parece haber tocado techo con la victoria pírrica de Alemania en su batalla contra la población griega, por determinar los términos de un impago provocado, exclusivamente, por las brutales cantidades de dinero exigidas por los operadores de deuda al Estado griego. Pero este modelo ya no da más de sí. Cualquier intento de seguir aplazando la crisis bancaria de los países centrales –y su causa de fondo, la debilidad del beneficio en la economía privada–, mediante un saqueo masivo de los recursos públicos de Grecia, Portugal o Irlanda, se puede encontrar muy rápidamente con un impago, esta vez sí, en los términos que dicten sus ciudadanos y una posterior bancarrota en cadena de los bancos alemanes y franceses.

Los mecanismos de extracción financiera se han desplazado, pues, hacia Italia y España, economías entre cuatro y cinco veces mayores que Grecia. En los próximos meses, los agentes financieros van a jugar a descubrir cuánta riqueza pueden extraer al cuerpo social, antes de sobrepasar el límite que marca el estrangulamiento económico de estos Estados. En esta coyuntura que, repetimos, no admite grandes rescates, las compras de deuda por parte del BCE, o los posibles préstamos parciales, sólo van a ser admisibles porque los gobiernos europeos, bajo el mando de la alianza entre Alemania y el poder financiero, van a seguir profundizando y elevando el rango legal del aparato disciplinario para el control del gasto público en las economías nacionales.

El principio central que debe regir las políticas públicas es la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses sobre cualquier otra partida presupuestaria y, especialmente, sobre aquellas en las que detrás del gasto público exista un recurso potencialmente privatizable. Esto, y no otra cosa, son las políticas de austeridad.

Por supuesto, estas medidas no calman a los operadores financieros más que porque les confirman su posición dominante en los aparatos estatales. Desde esa posición, es fácil maximizar la cuantía de unos recursos que las políticas públicas, convertidas en leyes de excepción, les garantizan. Con los partidos políticos tradicionales convertidos en apéndices, sólo la emergencia de un contrapoder capaz de plantear un nuevo conflicto distributivo puede desbloquear esta situación.

En el caso español, para evitar que esto suceda, el Gobierno del PP viene intentando una descarga visible de responsabilidades mediante la escenificación de su subordinación a Bruselas y de la delegación en las Comunidades Autónomas de la instrumentación de las medidas de aceleración del desmantelamiento de las capacidades públicas en educación y sanidad. De hecho, la presentación de los presupuestos 2012 ha sido un inútil ‘tour de force’ comunicativo para intentar evitar la pérdida de legitimidad que conlleva gobernar contra el interés mayoritario y, más importante, para intentar ahuyentar una nueva insurrección que prolongue y amplíe el proceso que se abrió el 15M.

Paralelamente, se multiplica en todas las escalas de gobierno la amenaza disciplinaria de una intervención conjunta de la economía por parte del FMI, BCE y Comisión Europea. Esta es una amenaza con poco contenido material, más allá de la degradación simbólica de las ilusiones de soberanía nacional que puedan quedar. La capacidad económica del Estado está intervenida desde hace tiempo.

Mayo de 2012

http://www.diagonalperiodico.net

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